La crisis de la representación política no es un tema novedoso. El tránsito de la democracia directa a la representativa masificada e intensiva a grado superlativo en el uso de tecnologías de información masiva ha traído costos diversos a los sistemas políticos. El más grave en mi opinión, el costo de la desvinculación entre las dos partes en la relación que surge de la representación política, es decir, el abismo que separa al representado del "representante."
La afirmación anterior en nada desplaza en su importancia o pretende ignorar la existencia de otros costos preocupantes por su cuantía y en los que también se incurre en el modelo mexicano cuando la situación económica nacional no es precisamente la más afortunada. Sin embargo, pretendo en estas líneas limitarme a formular ciertas consideraciones en torno a la dramática distancia que existe entre los electores y los cargos de representación política. Distancia que es evidente en los niveles de abstencionismo existentes en los últimos procesos electorales federales y en los resultados recientemente dados a conocer por Transparencia Internacional en materia de corrupción y percepción nacional de la misma y conforme a la cual, instituciones fundamentales de lo que actualmente se entiende como un Estado democrático de Derecho como lo son el Poder Judicial y los partidos políticos, son vistos por nosotros mismos como generadores, receptáculos y fuente de corrupción.
Las instituciones formales por su lado, más por una tradición jurídica que no se justifica hoy en día, han mantenido ciertas modalidades de reelección en un calabozo y se ha decidido implícitamente con ello, generar incentivos perversos que no hacen sino mayor la distancia entre representados y representantes al impedir lo que por desgracia carece de una traducción literal al español (no creo que sea del todo casual), la "accountability" que mucho dista de ser meramente un concepto de responsabilidad y atribución de la misma a sujetos determinados a través de medios jurídicos formales. Se trata de una rendición de cuentas en un sentido más amplio que de cierta forma considero que se funda en las prácticas éticas y de moralidad institucional de cada país y el nivel específico de desarrollo de las mismas en el sentido rawlsiano de generación de un consenso en lo político con fines prácticos (no utilitaristas) y dejando de lado posturas ontológicas irreconciliables.
Ahora bien, si a los anteriores factores sumamos los penosos involucramientos de representantes populares con líderes de organizaciones criminales y sus evasivas e indolentes actitudes una vez conocidos dichos vínculos, no tenemos sino el caldo de cultivo perfecto para la descomposición final de la representación política. Un escenario en el que el diálogo no existe entre ambas partes de la relación sino que cada una de ellas trata de sobrevivir por sí. El problema es que los en estas condiciones pseudo representantes populares, cuentan con los medios para lograr tal objetivo mientras que los electores no son tan afortunados y en su carrera, se desapegan aún más por desinterés, de quienes en cualquier caso perciben como distantes salvo por la ocurrencia de cada proceso electoral.
La responsabilidad en el sentido de la accountability es una cultura que debemos aprender y hacer permear en nuestras sociedades en las que a veces parece que se ha desdibujado con nuestra complacencia la frontera entre lo razonable y lo que no lo es. Y es que en una sociedad civilizada en el sentido político de la palabra, no caben prácticas truculentas ni evasivas, las instituciones son contundentes y no toleran la corrupción en ninguna de sus formas. Si nos encontramos en desventaja ante la falta de incentivos formales para generar una conciencia en tal sentido en los políticos, podemos cuando menos ejercitar nuestra memoria un poco más y darnos cuenta del impacto que tal cinismo tiene en la estructura y el andamiaje institucional y social en el hoy. Al hacer tal ejercicio y sancionar a través del voto, quizá entendamos que no es momento de voltear atrás o hacia posturas redentoras de corte mesiánico. La situación del narco en nuestro país no surgió en los dos últimos sexenios, es un lastre consentido, apapachado y tolerado por anteriores regímenes cuyos descendientes pretenden ahora demeritar una lucha cruenta pero necesaria, se trata de peligrosos oradores que venden una paz mucho más costosa. Una paz cuyo precio somos nostros mismos.
Se avecinan dos años llenos de contiendas electorales en todo ámbito. El banderazo aunque no formal ha sido dado. Los tapados no se esperan a ser destapados, las ansias fluyen. No hay salvación en la inacción. Votar no es sólo una prerrogativa ciudadana, a mi modo de ver implica una obligación civil y debería cuando menos, entrañar algún ejercicio de memoria y conciencia que aprendan de los errores.
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