El día de ayer, el Instituto Electoral del Distrito Federal otorgó los primeros registros a candidatos para diversos cargos de elección popular y por los que se contenderá en el proceso electoral ordinario en el que nos encontramos inmersos. Las campañas electorales darán formal inicio conforme al código comicial local el día 20 de abril.
La aprobación de los acuerdos respectivos por parte del órgano electoral local es de una medular importancia en tanto los mismos, se relacionan de modo directo con el ejercicio del derecho ciudadano al voto pasivo, previsto en los artículos 35 fracción II y 41 fracción I de la Constitución; 20 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la fracción IV del artículo 7 del Código de referencia.
Por lo que hace a la naturaleza de los requisitos que deben satisfacerse con el fin de obtener tal registro, la remisión legal que hacen tanto la Constitución como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es de una meridiana claridad. Por tanto, no sólo debe entenderse que el establecimiento de tales requisitos, condiciones y términos debe realizarse en normas que tengan tal carácter legal en sentido formal y material.
Necesariamente, ello implica también, que la facultad de legislar en la materia, sin mayor límite que el que ello sea hecho en congruencia con las bases constitucionales, los principios rectores aplicables en la materia y la legislación general existente tras la reforma electoral del 2014, está dada al legislador tanto federal como local, según ello corresponda en cada caso.
En tal inteligencia, es claro que los órganos legislativos federal y locales, sujetan el válido ejercicio de tan fundamental derecho para la vida democrática como lo es el derecho al voto pasivo, al cumplimiento de diversos supuestos normativos que se estiman valiosos y dignos de protección, salvaguarda y/o promoción porque se relacionan a su vez, con el mantenimiento de ciertos mínimos de razonable representatividad y vinculación entre los electores y sus candidatos; y por ello mismo, se relacionan con los fines e ideales de la democracia electoral misma.
Algo es ineludible. Este proceso electoral, así como se da. Inmerso en el convulsionado contexto en que vivimos actualmente los mexicanos como sociedad en todos los niveles y a pesar del poco interés ciudadano que de por sí, los procesos electorales intermedios tradicionalmente han podido recolectar entre el ánimo de los votantes; nos presenta ante una serie de disyuntivas fundamentales que cada uno de los actores del escenario político habrán de resolver.
Como actores de la escena política en el sentido más amplio del término, con independencia de la calidad con la que lo hagamos y las cargas individuales o institucionales correlativas, debemos partir de la perspectiva del ciudadano en todos nuestros esfuerzos y afanes constructivos. Debemos partir, de la necesidad del otro de un modo quizá rawlsiano.
Y es que debemos ver con claridad que nos encontramos ante la posibilidad de ser nosotros quienes asumamos como generación, la oportunidad que se nos presenta de tomar en nuestras manos y desde este momento, como ciudadanos, árbitros electorales, partidos, candidatos de partido o independientes, mexicanos todos por igual; la tarea de hacer posible un reordenamiento que nos lleve a la reconstrucción del tejido político-social a través de acciones fundadas en una profunda ética de la responsabilidad y con independencia de la arena en que la acción política respectiva, se desarrolle y la forma que ésta tenga de manifestarse.
La crítica informada e intelectualmente honesta en cuanto a sus bases, contextos y presupuestos, el diálogo, la participación por los medios asequibles o la construcción misma de canales de vinculación entre las instituciones y la ciudadanía, la organización de la sociedad civil son todas, formas de acción política y social que la mayoría tenemos a mano. La decisión, no deja y no ha dejado de ser nuestra.
Mi alegato quizá va a proponer que actuando conforme a una ética de la responsabilidad, con independencia de la posición en que nos ubiquemos, asumiremos dos dimensiones que es necesario tomar en cuenta en el ejercicio de la actividad política y social: la existencia de la alteridad y por ende, la consideración de las consecuencias de las acciones adoptadas.
Dimensiones cuya honesta aprehensión e interiorización, nos permitirán exigir y realizar un reajuste de los valores de la política para hacerla compatible con nuestras más profundas aspiraciones en cuanto al diseño de nuestras instituciones, mismas que serán sólo realizables en la medida que podamos aprovechar la profunda reforma moral que el actual contexto no sólo propicia, sino exige.
En la medida que comprendamos que la consolidación de un sistema democrático demanda de todos los integrantes de la sociedad un aprendizaje continuo de los valores de la participación ciudadana producto de la interacción institucionalizada, más temprano que tarde habremos todos de arribar al pleno reconocimiento formal y material de la existencia de derechos y obligaciones recíprocos entre representantes y representados que no se agotan o satisfacen tan sólo cada determinado tiempo en un instante que llamamos emisión del sufragio.
Se trata de una relación vinculante en más de dos sentidos y uno de ellos es también y sin duda, de naturaleza ética.
Es justamente de esa vertiente en la relación que se actualiza al darse la representación política, que debemos extraer la convicción de que no basta con que los actores políticos asuman que actúan conforme a una determinada convicción porque es precisamente cuando ello ocurre, que se abandona la conciencia de la alteridad y de las consecuencias del propio actuar en detrimento de la sociedad.
Por el contrario, es necesario que dichos actores políticos se hagan cargo de los actos, dichos y mensajes de su autoría y que tengan cualquier tipo de impacto en la vida política de la comunidad.
Es nuestra oportunidad de abandonar aún los asientos más cómodos o mejor ubicados y ser actores. Factores humanos de cambio profundo e imbuido de una conciencia social, de compromiso, ánimo constructivo y de un irrestricto apego a las leyes que se manifieste de manera real y efectiva desde la forma de convivir en la plaza pública o el contender en lo electoral y se mantenga durante el más fuerte diferendo que se deba dirimir y en el eventual ejercicio de cualquier cargo público.
Únicamente así, será posible desterrar ópticas y ejercicios patrimonialistas, conflictos de intereses en cualquier grado y prácticas parciales contrarias a los principios constitucionales de legalidad, honestidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio público.
Hago votos porque los candidatos que el día de ayer obtuvieron su registro y a aquellos que lo harán, comprendan la necesidad de dar pasos firmes, congruentes y sin titubear, hacia la muy necesaria reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones.
